Jean-Jacques Rousseau fue muy acertado al decir que "el gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y a la propiedad de cada uno con la fuerza común de todos". Esta es, sin duda, la principal razón que tuvo el Estado para existir, y la principal razón que debería conservarse hasta nuestros días. Sin embargo, en la actualidad, vemos como muchos gobiernos déspotas y autoritarios le pasan encima, precisamente, a la persona y a la propiedad ondeando la bandera de la falsa justicia social que se mueve al ritmo de la brisa del odio, la envidia y el populismo.
En El Salvador no tenemos un dictador imponiendo su autoridad y sembrando la semilla del socialismo, pero tenemos una Asamblea Legislativa que, puede que por ignorancia, maldad o incompetencia, ha tomado decisiones que atropellan a la persona y a la propiedad al estilo del más nefasto autoritarismo.
Es por todos sabido que en nuestro país, desde hace tiempo necesitamos una ley contra la usura que permita erradicar los abusos de los prestamistas y casas de empeño que se aprovechan de la urgente necesidad de efectivo de la gente para ahogarlos con intereses sofocantes y despojarlos de sus bienes. La usura ha sido una verdadera lacra para los ciudadanos de escasos recursos económicos desde hace muchos años, especialmente ahora que la crisis ha obligado a más de alguno a pedir dinero prestado.
Ahora bien, lejos de tomar medidas para erradicar la usura, los diputados decidieron tomar el camino más miope, el cortoplacista, el populista, el más fácil y el peor. La Asamblea Legislativa optó por poner un techo a los intereses de las tarjetas de crédito para 'defender' a los ciudadanos de los 'malvados' bancos y sus abusos. Listo, cuando la población se entera de que los diputados han puesto un techo a los intereses de las tarjetas de crédito, lo primero que se piensa es que finalmente los Padres de la Patria han hecho algo para defender los derechos de los salvadoreños; ahí es donde entra en juego la demagogía populista que tanto adoran los partidos políticos de nuestro país. En apariencia, el poner un techo obligatorio a los intereses de las tarjetas de crédito limita a los bancos y nos beneficia a todos, pero no es así.
Las tarjetas de crédito con límites pequeños (quinientos dólares, por ejemplo) suelen tener tasas de interés altas (muy por encima del tope establecido por la nueva reforma legislativa) debido a que el banco debe protegerse a sí mismo del riesgo por falta de pago y debe tener ese pequeño monto a disposición del usuario. Ofrecer un monto pequeño a una tasa de interés pequeña no reporta una ganancia importante para el banco debido a que son montos que pueden cancelarse en pocas cuotas, entonces no existe realmente un negocio lucrativo para la entidad financiera en el hecho de prestar poco dinero a intereses bajos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá cuando la reforma legislativa entre en vigencia? Es simple, los bancos dejarán de dar tarjetas de crédito con límites bajos. ¿Y quiénes utilizan tarjetas de crédito con límites bajos? Las personas de recursos económicos escasos. A los diputados se les olvidó una de las ideas básicas de Adam Smith, nadie hace negocios por caridad, sino para hacer dinero. Los bancos ya no encontrarán rentable seguir dando tarjetas de crédito con techos bajos puesto que su funcionamiento con tasas de interés obligatoriamente bajas les reportará pérdidas y dejará de ser un negocio.
En El Salvador, una gran cantidad de micro y pequeños empresarios se vale de las tarjetas de crédito para adquirir su materia prima, tarjetas de crédito con límites bajos. Lo mismo ocurre con ciudadanos comunes y corrientes que, a falta de liquidez, optan por usar la tarjeta de crédito para comprar en los supermercados. Con la nueva reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito, se está orillando a los bancos a retirar del mercado a las tarjetas de crédito con límites bajos, y en consecuencia dejar a una gran parte de ciudadanos salvadoreños sin disponibilidad de crédito.
Así es, la población salvadoreña verá limitada su posibilidad de acceso a crédito, por lo que deberá hacer un reajuste en sus gastos y apretarse el cinturón; mientras que los micro y pequeños empresarios que no puedan hacer subsistir su negocio sin el uso de las tarjetas de crédito, deberán salir del mercado y optar por otra actividad menos lucrativa, todo lo cual repercute en menos poder adquisitivo para los ciudadanos, inhibición en el consumo, desaceleración de la economía y menos recaudación de impuestos. Una absoluta debacle.
Montesquieu decía que la democracia debía guardarse de algunos excesos, entre ellos, del espíritu de igualdad extrema, porque la conducía al despotismo. Ahora, guíados posiblemente por ese espíritu de igualdad extrema, los diputados han aplastado la libertad económica con la fuerza desmedida del Estado. No, nosotros no tenemos un dictador, pero tenemos un Estado déspota que actúa por impulso y no mide consecuencias, llevándonos directo a la ruina.
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